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El Tribunal Constitucional rechaza pronunciarse sobre restablecer el derecho al voto a una joven con discapacidad intelectual

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El Tribunal Constitucional (TC) no aprecia discriminación en la restricción al voto de personas con discapacidad intelectual, por lo que ha rechazado la admisión a trámite del recurso de amparo presentado por los padres de la joven gallega Mara G.C., con síndrome de Down, que recurrieron a los tribunales para que se le restableciese su derecho al voto.

 

 

"Recibimos esta sentencia con profunda desolación y tristeza. Nuestros derechos por enésima vez se ven arrojados a la cuneta de la vida en comunidad", apuntan desde el CERMI, que sostienen que la "mala práctica de la justicia constitucional" hace "más necesaria que nunca" la modificación con urgencia la legislación electoral para que todas las personas con discapacidad gocen de su derecho fundamental al voto, hoy negado en España.

El Presidente de Down Galicia, Delmiro Prieto, destaca también que ya es la segunda ocasión que el poder judicial de este país desperdicia para pronunciarse y posicionarse a favor del derecho al voto de las personas con discapacidad y respetar de este modo la Constitución Española y la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

 

Destaca, no obstante, el voto particular de la magistrada Adela Asua que reprocha implícitamente a la mayoría que dictó el auto, la incomprensión y el error jurídico, y para CERMI también ético, que cometen contra las personas con discapacidad.

Autismo Galicia, se suma al apoyo de la reivindicación de esta joven y manifiesta también su indignación por esta nueva vulneración  de los derechos de las personas con discapacidad.

El caso de Mara

Mara es una joven de 20 años para la que sus padres solicitaron una incapacitación parcial, pero respetándole sus derechos personalísimos, entre los que se encuentra la posibilidad de votar.

El 2 de septiembre de 2014, el juzgado de Primera Instancia número 6 de Santiago dictó sentencia en la que, entre otros aspectos, priva a Mara del derecho al sufragio activo. La familia recurrió a la Audiencia Provincial de A Coruña, que el 11 de marzo de 2015 ratificaba esta sentencia, al igual que hizo la Sala del Civil del Tribunal Supremo en sentencia número 18/2016 de 17 de marzo pasado. El fallo del Tribunal Supremo se produjo en contra del criterio de la Fiscalía quien solicitó, de acuerdo con lo que establece la Convención de la ONU, que se facilitara a Mara los apoyos necesarios y se le permitiera votar.

Según la Fiscalía, “tanto en primera instancia como en la Audiencia Provincial no se tuvo en cuenta a importancia que para las personas con discapacidad reviste su autonomía e independencia individual, incluida la libertad de tomar sus propias decisiones”.

Hoy es el Tribunal Constitucional el que avala esta vulneración de derechos, tras no admitir a trámite el recurso de Mara.

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